El verdadero rostro de nuestro hermano Subcomandante Marcos:

http://www.youtube.com/watch?v=qRnoJt7PTDE

De bruces

Luis Javier Garrido

Las políticas de violencia militar desatadas por el gobierno panista en estos tres años con el pretexto de la lucha contra el narco han llegado adonde pretendían quienes las concibieron desde Washington: a una entrega casi absoluta de la vocación soberana de México por parte del gobierno panista.

1. La reunión en el edificio de la cancillería mexicana del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, secretaria de Estado, en la mal llamada Reunión de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, el martes 23 de marzo, no buscó llegar a acuerdos sobre las políticas de supuesta lucha conjunta “contra el narcotráfico” (en territorio mexicano desde luego) ni reformular programas, sino dejar claro en un acto propagandístico que Washington dicta al gobierno calderonista no sólo las políticas financiera y económica, sino las políticas de seguridad y ahora incluso en materia social, transmitiendo un único mensaje: que México es para Estados Unidos su protectorado.
2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.

3. La campaña en los medios oficialistas mexicanos, que son la casi totalidad, ha buscado por eso en estos días tergiversar la realidad de las graves regresiones que se están produciendo en México por el entreguismo de un gobierno espurio y débil que se fue de bruces antes las exigencias de sumisión de Washington y que está dejando el control de la situación interna a agentes extranjeros al aceptar reducir las fuerzas militares y policiales nacionales a simples agentes operativos a las órdenes del Pentágono. Y está insistiendo por eso en celebrar el acontecimiento como un acto de confianza en México y en descalificar los señalamientos de lo que acontece como trasnochadas invocaciones a “la soberanía nacional”: una noción que, reiteran, no tiene ya cabida en el mundo globalizado.
4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una “cooperación respetuosa”, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México “no puede solo” contra el narco (El Universal, 22 de marzo).
5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.
6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con “la guerra” que ha desatado “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.
7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la “doctrina preventiva” de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia “la hemos diseñado los dos juntos”, le recordó.
8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un “mando unificado” de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.
9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.
10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.

RANCHITO TRES PALMAS: LA INJUSTICIA DEL DESALOJO


“Que cuando el corazón se salga del pecho pueda encontrar el camino de regreso” Mario Benedetti

Era viernes 5 de diciembre del 2008 cuando los representantes de la empresa “El Venadito” habían dicho «les damos ocho días para que desalojen el terreno», desde entonces la posibilidad del desalojo ha sido latente. A decir verdad siempre lo ha estado.

Tiempo atrás, viernes también, como si fuese una maldición, nos echaron a la cárcel, tratándonos peor que los animales, como si nuestra pobreza les estorbara o avergonzara para arrojarnos donde nadie nos vea, donde debemos estar según el pensamiento de volver los espacios públicos en privado, o sea en la cárcel.

Nosotros vivimos en el Ranchito Tres Palmas desde 1958, o sea hace más de cincuenta años, nos hicimos del predio por herencia de nuestros padres de un total de 36 hectáreas, así es como vivimos y trabajamos durante todo este tiempo, sembrando nuestra tierra o como obreros en el puerto.

Sin embargo, en 1999, una empresa llamada El Venadito S.A. de C.V. apareció con las escrituras de nuestras tierras a su nombre, reclamando nuestro desalojo inmediato. A partir de ese momento gobiernos y empresarios han usado la represión psicológica y policiaca contra nosotros.

En el 2001, los representantes de la empresa El Venadito S.A. de C.V. solicitaron averiguación previa contra nosotros ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de despojo y orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no reunían los elementos del tipo penal de despojo. Nosotros, los dueños de las tierras que comprende El Ranchito Tres Palmas pasamos a ser invasores de la misma, quiere decir que estamos ocupando un lugar que no es nuestro, y por lo tanto debemos ir a prisión.
En el 2004, no conformes con la negativa de la orden de aprehensión, y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás se cometieron, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma Agencia Segunda. Se nos consignó orden de aprehensión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con registro penal 32/2006.

El 21 de febrero de 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del mismo año, y un día después liberados bajo fianza. No conformes con eso, el 2 de marzo fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno por el entonces gobierno municipal del PAN, del estado PRI, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, la Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de nombre Godofredo Rivera Ayón quien dictó la orden, y desde luego la empresa El Venadito S.A. de C.V.


¿No les parece un acto patriótico?, ¡qué heroísmo destilan a su paso estos hombres de estado, servidores públicos y defensores de la ley!, ¿pero, cuál ley? ¿la que permite el saqueo de este país que durante más de quinientos años su riqueza termina en las manos extranjeras?, ¿la ley que defiende al rico y explota al pobre?, ¿la ley que regulariza la vida de un estado cada vez más descompuesto? Al fin y al cabo fue una ley hecha por ellos y para ellos, en defensa de sus intereses, pero cuidado que no hay estado eterno, ni clase que se sostenga para siempre en el poder.


Antes del desalojo vivíamos un total de sesenta familias. En el transcurso de él llegó funcionario del gobierno del Estado de Sinaloa Joel Hernández Niño con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán para que desistiéramos de la lucha. La represión de las autoridades provocaron que una parte considerable de los habitantes aceptara la oferta de reubicación, lo que dividió al interior y la resistencia contra el despojo se debilitó.

En eso estábamos cuando tuvimos contacto con la otra campaña, no nos prometieron nada, pero nos dijeron que no dejáramos de luchar, nos dimos cuenta que hay muchos Tres Palmas que, como nosotros, son saqueados por el poder, pero también resisten.

En 2008, bajo el gobierno municipal del PRI con Jorge Abel López Sánchez, nos dejaron sin el suministro de agua durante más de cincuenta días. Sin embargo el 10 de abril hicimos una marcha para denunciarlos y exigir la reconexión inmediata del agua.

El 23 de mayo del mismo año, los magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa nos culparon nuevamente del delito de despojo en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días en prisión, además de una multa con la cantidad de $2, 399. 70.

El 28 de mayo de 2008, solicitamos amparo de la justicia federal en el Segundo Tribunal Federal, esta instancia reviso el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer los mismo y el 14 de octubre nos declararon culpables por el mismo delito.

El Subprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado de Sinaloa nos llamó a negociar para darle una solución inmediata al asunto, proponiéndonos un terreno 10 x 20 metros y la cantidad de $70. 000 (setenta mil pesos). Miren: “estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento: las casas en las que viven ahora serán destruidas”.

El 18 de noviembre del 2008, solicitamos de nuevo ante los Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno en el Estado, Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los autos de autoridad.

En el mes de marzo de este 2010 somos presa de una ofensiva más de represión en la cual se encuentran involucrados la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Lic. Inzunza Cázarez, José Manuel Sánchez Osuna, José Antonio García Becerra y Patricia Zepeda Sámano, quienes resolvieron en contra de nosotros, señalándonos como responsables del «delito de despojo», cuestión que es totalmente falsa, ya que nosotros además de habitar estas tierras durante más de cincuenta años somos los legítimos dueños, por lo tanto tenemos el derecho de posesión.

Debido a esta sentencia, recurrimos a solicitar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, radicado en Mazatlán. Lamentablemente encontramos que sus integrantes: Jesús Gabriel Flores González, Gabriel Fernández Martínez, José Alejandro Garza Ruiz y la proyectista Cristina Verónica Cristerna Torres rechazaron nuestra solicitud, dejándonos en el desamparo total de las leyes que nos dice proteger a todos por igual.

Con esta decisión nos quitan los caminos legales para luchar por lo que nos pertenece, estas tierras heredadas por nuestros padres, quien tiene dinero hace las leyes a su favor. Desde que surgió el Derecho en la antigua Roma, como hasta hoy, la leyes obedecen a quienes tienen el poder y el dinero, son las leyes las que regulan las divisiones sociales, las sostienen, le dan fundamento jurídico. Lo que necesitamos es elaborar otra Constitución, una Constitución donde se vean reflejadas los intereses de los más desprotegidos, pero también necesitamos otro Estado, un Estado nuestro que responda a nuestras necesidades.

Esperamos de un momento a otro el desalojo, nos dejan el dolor, el sufrimiento y la destrucción. Sin embargo seguiremos luchando, seguiremos resistiendo como hemos aprendido.

No a la represión.

Alto al desalojo.

Hacemos responsable al gobierno de la represión e integridad física de todos y todas las compañeras del Ranchito Tres Palmas.

Proponemos: Conformar una mesa de diálogo, en la que estemos representadas las partes en conflicto.

Familias del Ranchito Tres Palmas

Carta de la Red Contra la Represión al periódico La Jornada por tergiversar las noticias sobre situación en Chiapas.

A continuación publicamos la carta que la Red contra la Represión y la Solidaridad dirige a la directora de La Jornada como respuesta al encabezado del 2 de febrero de 2010, donde se escribe sobre la situación de Mitzitón. Sin más por el momento, saludos fraternales.

Sra. Directora: Le pedimos espacio para el señalamiento que la Red Contra la Represión y la Solidaridad de La Otra Campaña hace acerca del cabezal que acompaña la foto en primera plana de su edición del martes 2 de marzo.

Repudiamos el maquillaje de acciones represivas contra los pobladores del Ejido de Mitzón, revestida de conflictos interreligiosos en el Estado de Chiapas. Tergiversar la información es parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas que luchan por la defensa de la Tierra y el Territorio como es el caso de las 523 familias que habitan el lugar. Contextualizarla es informar sobre el papel que juegan los grupos de corte paramilitar en la región de Los Altos, los cuales siguen teniendo un accionar permanente contra las alternativas políticas y culturales que construyen los pobladores de Mitzon.

"El ejército de Dios" surge en 2006 operando en la zona Altos de Chiapas, "Alas de aguila" es la agrupación evangélica que le permite reclutar gente y ser parte de los "Soldados de Jehova", uno de sus lideres Esdras Alonso fue Coordinador de asuntos religiosos y Secretario de la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas y actualmente es el lider de esta agrupación junto con Carmen Díaz, ambos provocaron el asesinato de un ejidatario el 9 de junio de 2009 en manos de Francisco Jiménez el cual fue liberado cuatro meses después. El propósito contrainsurgente sigue siendo el mismo; crear miedo y dividir para dejar "terreno libre" que permita hacer uso del territorio por parte de las corporaciones que invierten en la región para imponer La Autopista San Cristobal-Palenque, parte del proyecto de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) del Plan Puebla Panama (PPP).

Protejer los planes de inversión del capital nacional e internacional ha sido el fondo del conflicto en Mitzón. La acción del gobierno estatal y municipal ha estado del lado de la banda paramilitar, de lo que hay varios testimonios.

¡Gracias!

Red Contra la Represión y la Solidaridad

La Otra Campaña Va!

Correo electrónico: redcontralarepresión@gmail.com
Blog: http://contralarepresión.wordpress.com
Tels: 5578-0775 y
5578-4711.

Dirección: Dr. Carmona y Valle No. 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., CP 06720

Represión del Estado y sus grupos paramilitares contra comunidades adherentes a La Sexta y La Otra Campaña

Mazatl

En estos meses, el hostigamiento de los grupos paramilitares contra las comunidades indígenas zapatistas ha aumentado; de ello nos informan los compañeros de la Brigada de Observación de la Red contra la Represión y por la Solidaridad adherentes a la Sexta declaraciòn de la Selva Lacandona.

Firmes con nuestro compromiso de informar y denuciar la represión contra nuestros hermanos y hermanas zapatistas, a continuación publicamos la liga para acceder al comunicado completo emitido en conferencia de prensa por la Brigada de Observación de la Red contra la Represión y la Solidaridad: www.frayba.org.mx/

Un Estado antisocial
Carlos Fazio

El asalto policiaco militar contra las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro (LFC), seguido del decreto de extinción de la paraestatal y la campaña de guerra sucia mediática contra el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), es un paso más en la perspectiva de construcción de un Estado autoritario de nuevo tipo.
A hurtadillas como actúan los delincuentes; mediante el uso de la fuerza bruta de los federales que comanda Genaro García Luna, apoyados por 3 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, en violación de los derechos constitucionales (artículos 14, 16, 27, 73, 89, 90 y 123 de la Carta Magna) y pisoteando la Ley Federal del Trabajo y normas laborales pactadas por las partes; utilizando el chantaje contra los trabajadores y jubilados del SME; con mentiras y argumentos demagógicos en el marco de una campaña de terrorismo mediático en las cadenas de radio y televisión bajo control monopólico, el régimen espurio de Felipe Calderón ha dado un paso más en su guerra larvada contra el pueblo y en beneficio de los barones del dinero.
La desfachatez y majadería del Robin Hood de Los Pinos no tiene límites y es un insulto a la razón. Dijo Calderón: Prefiero dar a 25 millones de pobres los escasos recursos con que cuenta el gobierno, que destinarlo a los privilegios de 44 mil trabajadores. A Calderón le importa un bledo el pueblo pobre. Su discurso populista y demagógico exhibe su estilo personal de gobernar, tendiente a la conformación de un Estado militarizado. Usa a los pobres y sirve al gran capital. El golpe de mano pro oligárquico contra una empresa pública de carácter social y la arremetida contra el SME pretenden culminar la ilegal privatización de la industria eléctrica. La ofensiva clasista del régimen de Calderón contra los trabajadores busca beneficiar a sus patrones nacionales y del exterior; a los que lo impusieron mediante un fraude de Estado en 2006 y hoy quieren quedarse con una de las últimas joyas de la corona: un multimillonario negocio llamado triple play, que requiere de la transmisión de energía combinada con tecnología adecuada, para cobrar por dar servicio de voz, datos y video.
No hay que dejarse engañar. La campaña de linchamiento contra el SME –por un puñado de empleados de los dueños de las cadenas de radio y televisión y otros escribidores tarifados de la prensa escrita– busca encubrir la disputa por un negociazo de 6 mil millones de dólares.
En la pasada revisión del contrato colectivo de trabajo, el SME había logrado que LFC, además de arrendadora de sus mil 100 kilómetros de fibra óptica montada en sus redes eléctricas en el centro del país (zona muy prometedora, comercialmente, por su gran concentración demográfica y el nivel de ingreso de sus habitantes), pudiera ser también concesionaria para dar el servicio de triple play gratuito a millones de usuarios. Es decir, con sólo conectar un módem a la toma corriente de las casas, mediante una nueva tecnología instalada en la red (la fibra óptica), LFC se disponía a brindar, además de electricidad, servicios de telefonía, Internet y televisión por cable. ¡Cuatro servicios en uno!
Ésa es la principal razón para la extinción de Luz y Fuerza. Se busca garantizar a particulares el usufructo de la red de fibra óptica de la paraestatal. Se pretende beneficiar a un puñado de empresas privadas de la comunicación, que pugnan por la concesión de la red. Entre ellas Televisa, Nextel, TV Azteca, Telmex y las españolas Telefónica y WL Comunicaciones S. A. de C. V., en las que están involucradas dos ex secretarios de Energía de Vicente Fox, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.
El 8 de septiembre, mientras planificaba con saña el asalto policiaco militar contra LyFC, otro ex secretario de Energía del sexenio foxista, Felipe Calderón, hoy inquilino de Los Pinos, envió una iniciativa de decreto a la Cámara de Diputados para abrir a licitación de la red de fibra óptica en perjuicio del erario federal. No es casual, tampoco, que el decretazo calderonista haya previsto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dirigida por el privatizador Elías Ayub, se haga cargo del servicio que proporcionaba LyFC. Las redes eléctricas y de fibra óptica de la CFE suman 30 mil kilómetros, a los que se adicionarán ahora los 1,100 kilómetros de LyFC.
Durante los gobiernos ultraconservadores de Acción Nacional, el viejo Estado cleptocrático priísta se ha refuncionalizado; el continuismo no es sólo económico-financiero. El régimen autocrático panista garantiza impunidad a los clanes, mafias y cofradías de banqueros, empresarios, tecnócratas, políticos de viejo cuño y dirigentes sindicales charros. La gansterización de la política se exhibe cada día en los medios masivos de (des)información y control social. Igual que los padrinos innombrables, los poderes fácticos hacen lo suyo. La recomposición de las alianzas en la cúpula ha dado paso a una estrategia de Estado en función de sus intereses de clase. El nuevo Estado antisocial atenta contra los derechos de las mayorías. El espacio abandonado por la responsabilidad social del Estado ha sido ocupado de manera facciosa por empresas privadas. Se trata de un Estado de los empresarios para los empresarios (Fox dixit), administrado por un gabinete al servicio de las fracciones capitalistas hegemónicas, en el marco de una democracia de baja intensidad que sume al país en una gran polarización y en el caos. Calderón es un peligro para México. Sólo la presión y movilización popular lograrán frenar a los neofascistas del PAN y sus aliados priístas, y alcanzar el nuevo pacto social que el país requiere.

*Desborda el Zócalo e inunda varias avenidas del Centro Histórico
Megamarcha del SME rebasa toda previsión
Logran electricistas que el gobierno federal acepte sentarse a dialogar
Trabajadores de Luz y Fuerza del Centro lanzaron consignas en todos los

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) realizó ayer una de las mayores movilizaciones de su historia. Decenas de miles desbordaron el Zócalo y con camisetas rojas de muchas batallas extendieron su presencia por todo 5 de Mayo, Madero, Juárez y Reforma hasta la Diana, en defensa de su fuente de empleo. Su marcha abrió una posibilidad, pues el gobierno federal aceptó sentarse a partir de hoy a dialogar con este gremio, según les mandó decir el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard.
En respuesta, los electricistas acordaron solicitar a Ebrard Casaubon que funja como mediador en el conflicto.
La movilización, a la cual asistió Andrés Manuel López Obrador, rebasó todas las expectativas y pudo haber llenado cuatro veces el Zócalo. Los organizadores estimaron que hubo más de 300 mil personas. Según cálculos de las secretarías de Seguridad Pública federal y capitalina, el contingente fue de más de 150 mil asistentes.
El SME aglutinó ayer a sindicalistas, profesores, campesinos, estudiantes, amas de casa, organizaciones sociales, políticas, intelectuales y legisladores; estos últimos propusieron una huelga general de pagos de luz en el centro del país, porque al extinguirse Luz y Fuerza del Centro (LFC) ya no hay a quién pagarle.
El bullicio de los trabajadores se inició desde las 2 de la mañana, cuando empezaron a llegar miles de personas procedentes de Oaxaca, Puebla, Morelos e Hidalgo para apoyar a los electricistas. La marcha partió de la glorieta de La Palma al filo de las 16 horas, y los manifestantes inundaron Reforma hacia el centro de la ciudad.
Enojados y dolidos por la extinción de su empresa, la mayoría de los electricistas llegó con su familia; vestían camisetas rojas, símbolo de este sindicato, y portaron pancartas contra el Presidente.
Calderón ¿puedes dormir?, nosotros no, dejaron a mi papá sin trabajo. Felipe, ¿ya saben tus hijos cuántos niños dejaste sin comer?. Felipe: presidente del desempleo. Calderón, entraste en la noche como vil ladrón y nos dejaste sin comer. No nos mata la influenza, nos mata Calderón, decían algunas de las miles de cartulinas que acompañaron la movilización, que fue tan extensa que cuando la vanguardia había llegado al Zócalo, el último contingente aún no salía de la Diana.
Martín Esparza, líder del SME, encabezó la marcha acompañado, entre otros, por Rosario Ibarra, Porfirio Muñoz Ledo, Graco Ramírez, Benito Bahena, Jesús Martín del Campo y Jaime Cárdenas, quienes avanzaron entre consignas como si no hay solución habrá revolución y decreto popular: renuncia Calderón.
Desde el inicio, la movilización fue vigilada por cientos de granaderos y policías capitalinos a pie. Por aire, la SSP federal desplegó tres helicópteros; supuestamente dos sirvieron para que algunos fotógrafos hicieran tomas aéreas, y en el otro observara todo el tiempo el coordinador de las fuerzas federales, Rafael Avilés Avilés.
Al filo de las seis de la tarde la vanguardia llegó al Zócalo; al paso del contingente se fueron sumando decenas y decenas de manifestantes, entre ellos estudiantes de la UNAM, Chapingo, UAM y Bachilleres; trabajadores del INAH, de la Secretaría de Energía, mineros, pilotos, sobrecargos, integrantes de IMSS, Sutin, Colegio de Posgraduados; Sindicato Democrático del Metro y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra.

SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS


Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de LyFC.


Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”.


Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:


LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:


La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.


Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.


En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.


Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009, es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer creer el titular del ejecutivo.


La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.


Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.


Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los hechos, no palabras.


Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.


Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la Policía Federal Preventiva.


Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los Contratos Colectivos de Trabajo.


Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica, derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal.


Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al Zócalo.


¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!
Fraternalmente


“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓN DE TRABAJO


Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo