SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de LyFC.
Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”.
Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:
LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.
Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.
En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.
Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009, es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer creer el titular del ejecutivo.
La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.
Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los hechos, no palabras.
Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.
Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la Policía Federal Preventiva.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica, derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal.
Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al Zócalo.
¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!
Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.
COMITÉ CENTRAL
COMISIONES AUTÓNOMAS
SUBCOMITÉS DIVISIONALES
COMISIÓN DE TRABAJO
Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo
Con la ilegalidad que ha distinguido a su gobierno, Felipe Calderón Hinojosa emitió un “decreto de extinción” para Luz y Fuerza del Centro, y al mismo tiempo, para intentar liquidar a los trabajadores electricistas que prestamos el servicio en esta empresa. Por instrucciones presidenciales y con lujo de violencia, como en los mejores tiempos de Díaz Ordaz, la Policía Federal Preventiva tomó por la fuerza, la noche del sábado 10 de octubre las instalaciones de LyFC.
Los “argumentos centrales” del titular del ejecutivo para decretar la extinción de LyFC son, que desde su creación este organismo descentralizado “no ha cesado de recibir transferencias presupuestales cuantiosas” y que para el presente ejercicio dichas transferencias “serán del orden de 41, 945 millones de pesos”
Asimismo, se afirma en el citado decreto, que uno de los problemas financieros de LyFC es el porcentaje de pérdidas totales de energía, que según cálculos gubernamentales es de alrededor del 30.6%, al mes de Junio de 2009. Como “solución” a esta situación el titular del ejecutivo decreta la extinción de la empresa, “garantizando” el respeto a “los derechos laborales de los trabajadores y jubilados de Luz y Fuerza del Centro”.
Por la gravedad de este asunto, y por constituir un intento de golpe, no sólo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sino al Pueblo de México, quien es el verdadero propietario de la Industria Eléctrica, nuestra organización, hace las siguientes precisiones:
LyFC, como parte del Sector Eléctrico Nacionalizado, atiende aproximadamente a más de seis millones de usuarios en la zona central del país. Desde años atrás, el SME ha denunciado ante la opinión pública, que de manera deliberada sucesivos gobiernos federales establecieron una política de descapitalización de nuestra empresa, a través de diversas maniobras. Por ejemplo:
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es quien está facultada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, para fijar y reestructurar los precios de las tarifas eléctricas. Hacienda ha desarrollado una política de altos subsidios a los grandes empresarios, quienes utilizan el fluido para hacer negocio y aumentar sus altísimas ganancias. Baste mencionar que en promedio, el Kw/hora les cuesta a los grandes empresarios 88 centavos, mientras a los usuarios domésticos que constituyen la mayoría de consumidores en nuestro país, se les vende a 97 centavos el Kw/hora.
Esta transferencia de valor a los grandes empresarios, ha descapitalizado gravemente a LyFC, dado que a los grandes empresarios la energía eléctrica se les vende muy por debajo de su valor real, pudiéndolo pagar a sus precio real. Este hecho, muestra la posición pro empresarial de la Secretaria de Hacienda, en detrimento de las finanzas de una empresa pública como lo es LyFC.
En relación a las transferencias presupuestales que ha recibido LyFC, afirmamos tajantemente que estas no son destinadas a salarios y prestaciones de los trabajadores del SME, como asegura mentirosamente Calderón. Estas transferencias se destinan para que LyFC, compre energía eléctrica en bloque a Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado que desde 1975 por decisión gubernamental, no se ha permitido que nuestra empresa creciera en capacidad de generación, y por lo tanto, que tengamos la necesidad de comprar energía en bloque a la CFE.
Ratificamos, que el precio de la energía eléctrica que la CFE vende a LyFC, es sumamente caro. De acuerdo a los estados financieros de LyFC, lo que se ésta destinó para este rubro a julio de 2009, es del orden de los $54, 797, 683.1 millones de pesos. Precisamente, las transferencias a LyFC a las que hace alusión Calderón, es para el pago de la energía en bloque a CFE, y nunca, para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores electricistas, como mentirosamente pretende hacer creer el titular del ejecutivo.
La administración de Felipe Calderón en sus casi tres años de gobierno ha impactado negativamente a la población mexicana: 5 millones 600 mil trabajadores ganan hasta un salario mínimo, sin que con ello, puedan adquirir la canasta alimenticia básica; 19 millones de habitantes se encuentran en pobreza alimentaria en nuestro país, es decir, ni destinando todo su ingreso familiar, les alcanza para comer; en contraste, 10 familias pertenecen a la lista de Forbes, por ser los hombres más ricos del planeta; el desempleo es creciente, ubicándolo algunos expertos en el orden de los diez millones de desempleados; además se propone, de parte de la Secretaría de Hacienda, aumentar los impuestos, y aplicar estos, a alimentos y medicinas.
Ahora, como cereza del pastel, Calderón pretende liquidar a LyFC, disponiendo de esta empresa como si fuera propiedad del Gobierno Federal, cuando el párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la Industria Eléctrica es propiedad de la Nación. De manera inconstitucional, Calderón emite el decreto de extinción de LyFC, sin consultar al Congreso de la Unión, quien tiene facultades para legislar en materia de Energía Eléctrica, tal y como lo establece, el inciso a), numeral 5, fracción XXIX-A, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Lo que oculta Felipe Calderón es que, detrás de este decreto de extinción de LyFC, está el interés de privatizar a la Industria Eléctrica Nacionalizada. Esta decisión está orquestada por empresas trasnacionales, que como Iberdrola, Mitsubishi, Unión Fenosa, etc., ven a la Industria Eléctrica como un apetecible banquete, y así coronar el avance que han tenido en materia de generación eléctrica. A la fecha la Comisión Reguladora de Energía ha otorgado inconstitucionalmente a particulares 772 permisos (a julio de 2009), lo que representa que se encuentra en manos del capital privado cerca del 35 % de la capacidad instalada de generación, lo cual constituye en los hechos, un proceso de privatización furtiva en materia de generación eléctrica, esos son los hechos, no palabras.
Este es el panorama de nuestra Nación, generado por la aplicación de un modelo económico que ha fracasado a nivel mundial y que el gobierno mexicano sigue aplicándolo por medio de la fuerza y la represión. Por estas razones, el SME hace le siguiente llamado al pueblo de México:
Exigimos al Gobierno Federal la derogación del decreto por el que se extingue a Luz y Fuerza del Centro, emitido por Calderón Hinojosa, el 11 de Octubre de 2009.
Asimismo, exigimos la devolución de todas las instalaciones de LyFC, a los trabajadores agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas, tomadas de manera represiva e ilegal por la Policía Federal Preventiva.
Convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas, estudiantiles, populares, a los usuarios y a la población en general, a rechazar la liquidación de LyFC, y en congruencia con ello, a Formar un gran Frente Nacional la defensa de la Legalidad Constitucional, de la Soberanía Nacional y de los Contratos Colectivos de Trabajo.
Responsabilizamos a Felipe Calderón, a Agustín Carstens Carstens, Secretario de Hacienda, a Georgina Kessell, Secretaria de Energía y a Javier Lozano Alarcón, Secretario del Trabajo, de las interrupciones y disturbios, que puedan ocasionarse en el suministro de energía eléctrica, derivado de la toma de las instalaciones por el gobierno federal.
Invitamos a todos los mexicanos dignos y hartos de las políticas que sólo los han empobrecido, a participar en la gran Jornada Nacional en defensa de la Soberanía Energética, el Patrimonio Nacional, los Derechos de los Trabajadores y las Libertades Democráticas, que llevaremos a cabo este próximo jueves 15 de Octubre, a partir de las 16 horas del Ángel de la independencia al Zócalo.
¡La Patria no se vende, la Soberanía se defiende!
¡Unidad popular ante el neoliberalismo depredador!
¡Todos a defender a las empresas públicas, propiedad de la Nación!
Fraternalmente
“Por el derecho y la justicia del trabajador”
México, D.F., a 11 de Octubre de 2009.
COMITÉ CENTRAL
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SUBCOMITÉS DIVISIONALES
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Responsable de la publicación Fernando Amezcua Castillo
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