El verdadero rostro de nuestro hermano Subcomandante Marcos:
http://www.youtube.com/watch?v=qRnoJt7PTDE
http://www.youtube.com/watch?v=qRnoJt7PTDE
29/3/10
26/3/10
De bruces
Luis Javier Garrido
Las políticas de violencia militar desatadas por el gobierno panista en estos tres años con el pretexto de la lucha contra el narco han llegado adonde pretendían quienes las concibieron desde Washington: a una entrega casi absoluta de la vocación soberana de México por parte del gobierno panista.
1. La reunión en el edificio de la cancillería mexicana del gabinete de seguridad de Estados Unidos, encabezado por Hillary Clinton, secretaria de Estado, en la mal llamada Reunión de Alto Nivel México-Estados Unidos sobre la Iniciativa Mérida, el martes 23 de marzo, no buscó llegar a acuerdos sobre las políticas de supuesta lucha conjunta “contra el narcotráfico” (en territorio mexicano desde luego) ni reformular programas, sino dejar claro en un acto propagandístico que Washington dicta al gobierno calderonista no sólo las políticas financiera y económica, sino las políticas de seguridad y ahora incluso en materia social, transmitiendo un único mensaje: que México es para Estados Unidos su protectorado.
2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.
2. En dicho encuentro, como en el efectuado la tarde de ese día en Los Pinos, no hubo discusión alguna, como lo trataron infructuosamente de investigar algunos periodistas, sino un mero acto de sumisión de Felipe Calderón y sus colaboradores al gobierno de Barack Obama.
3. La campaña en los medios oficialistas mexicanos, que son la casi totalidad, ha buscado por eso en estos días tergiversar la realidad de las graves regresiones que se están produciendo en México por el entreguismo de un gobierno espurio y débil que se fue de bruces antes las exigencias de sumisión de Washington y que está dejando el control de la situación interna a agentes extranjeros al aceptar reducir las fuerzas militares y policiales nacionales a simples agentes operativos a las órdenes del Pentágono. Y está insistiendo por eso en celebrar el acontecimiento como un acto de confianza en México y en descalificar los señalamientos de lo que acontece como trasnochadas invocaciones a “la soberanía nacional”: una noción que, reiteran, no tiene ya cabida en el mundo globalizado.
4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una “cooperación respetuosa”, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México “no puede solo” contra el narco (El Universal, 22 de marzo).
5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.
6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con “la guerra” que ha desatado “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.
7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la “doctrina preventiva” de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia “la hemos diseñado los dos juntos”, le recordó.
8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un “mando unificado” de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.
9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.
10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.
4. La autojustificación de las políticas de claudicación se estuvo manifestando durante varios días en todos los niveles del gobierno panista sin que se produjera la menor reacción de las dirigencias de los partidos políticos. El creciente intervencionismo de Estados Unidos fue justificado con el mismo argumento: la incapacidad del gobierno calderonista para enfrentar el problema, una incapacidad que los propios panistas han buscado probar y evidenciar en los últimos tres años. El propio Felipe Calderón eligió el acto de supuesto homenaje a Juárez el 21 de marzo para aceptar este hecho y pedir la que llamó una “cooperación respetuosa”, y el general brigadier Benito Medina (director de Educación Militar de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea), para vergüenza de las fuerzas armadas, insistió en una entrevista en que México “no puede solo” contra el narco (El Universal, 22 de marzo).5. El pueblo mexicano ha entendido ya, sin embargo, a pesar de la propaganda, que la mayor parte de los crímenes cometidos contra la población civil en estos meses son obra de las fuerzas federales y de los grupos paramilitares creados desde el gobierno, incluyendo los de Ciudad Juárez y Monterrey que han generado tanta indignación, y no de los cárteles: que no son casos fortuitos, como se ha pretendido, sino atentados contra la sociedad que se enmarcan dentro de las acciones deliberadas que se ha instruido cometer a estas tres fuerzas armadas, que actúan ya fuera de control, con el objetivo de generar un clima de amedrentamiento y de confusión. Poco se dice, además, en este contexto fascistoide de violencia generalizada desatada desde el gobierno, de las decenas de dirigentes sociales victimados diariamente en Guerrero y otras entidades, ni de la violencia contra las comunidades zapatistas de Chiapas.
6. El gobierno de Estados Unidos no busca con la Iniciativa Mérida “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan coludidos poderosos intereses, empezando por los de la familia Bush), sino generar alarma y temor en los pueblos al sur de su frontera para controlar sus espacios estratégicos a fin de adueñarse de sus recursos naturales y de paso controlar mejor el mercado de estupefacientes. El gobierno de facto calderonista no pretende tampoco a su vez con “la guerra” que ha desatado “luchar contra el narcotráfico” (negocio en el que se hallan asociados poderosos intereses del PRI y el PAN), sino generar un amedrentamiento en el pueblo a fin de afianzarse en el control del aparato estatal para disponer de él de manera patrimonialista y poder imponer los programas neoliberales que les exigen el capital financiero y el gobierno de Washington.
7. La supuesta lucha contra el narco del gobierno de facto ha fracasado de manera estrepitosa precisamente porque no es una “lucha contra el narco” ni tampoco la idearon Calderón y sus empleados. Las políticas de violencia policiaco-militar que ha implementado en México el gobierno panista de facto fueron concebidas por el Pentágono sobre la base de la “doctrina preventiva” de Bush (en la mira de provocar reacciones que generen una escalada cada vez mayor de la violencia), y tienden en lo esencial, a mediano plazo, a desmantelar el Estado nacional mexicano y someter a nuestro territorio al control de Washington. El embajador estadunidense Carlos Pascual lo reconoció ante los micrófonos de Televisa, luego de la pregunta, ideada como parte de la propaganda panista, que le hizo López Dóriga en su Noticiero del miércoles 24, demandándole si el gobierno de Estados Unidos aprobaba la estrategia del gobierno de Calderón: esa estrategia “la hemos diseñado los dos juntos”, le recordó.
8. La principal lección que deja al pueblo el delirante baño de sangre en el que Felipe Calderón y el gobierno panista lo han hundido es que las acciones de un gobierno deben llevarse a cabo en todos los ámbitos en el marco de la legalidad constitucional, y no trasgrediéndolo o tratándolo de suprimir o de prostituir. La modificación legal aceptada en Morelia el martes 23 por los 31 gobernadores integrantes de la Conago, convalidando un “mando unificado” de policías judiciales estatales supuestamente para colaborar con el gobierno central en la persecución de delitos federales, es un ejemplo de las perversiones fascistoides actuales, pues trasgrede los fundamentos federales de la Constitución Mexicana al atentar contra la naturaleza federal de nuestro país y la autonomía de estados y municipios.
9. El aval del PRI a las políticas entreguistas del gobierno panista de Felipe Calderón sólo puede explicarse por una razón: la extrema debilidad del grupo salinista y de quien lo encabeza ante Washington, en razón de su vinculación con el narcotráfico, que lo vuelve en extremo vulnerable.
10. El saldo de la violencia desatada por Felipe Calderón y los panistas en estos tres años y medio, no contra el narco sino contra los mexicanos, está a la vista: un pueblo vejado impunemente con miles de víctimas inocentes, un Ejército federal cada vez más corrompido y subordinado a las agencias de Washington, los cárteles de la droga convertidos en fuerzas armadas fortalecidas con los miles de soldados que han desertado para unírseles, la Constitución y las leyes tornadas en letra muerta y México en vías a consolidarse como un protectorado estadunidense, pero eso sí: un negocio del narcotráfico cada vez más floreciente, en México y en Estados Unidos.
19/3/10
RANCHITO TRES PALMAS: LA INJUSTICIA DEL DESALOJO
“Que cuando el corazón se salga del pecho pueda encontrar el camino de regreso” Mario Benedetti
“Que cuando el corazón se salga del pecho pueda encontrar el camino de regreso” Mario Benedetti
Era viernes 5 de diciembre del 2008 cuando los representantes de la empresa “El Venadito” habían dicho «les damos ocho días para que desalojen el terreno», desde entonces la posibilidad del desalojo ha sido latente. A decir verdad siempre lo ha estado.
Tiempo atrás, viernes también, como si fuese una maldición, nos echaron a la cárcel, tratándonos peor que los animales, como si nuestra pobreza les estorbara o avergonzara para arrojarnos donde nadie nos vea, donde debemos estar según el pensamiento de volver los espacios públicos en privado, o sea en la cárcel.
Nosotros vivimos en el Ranchito Tres Palmas desde 1958, o sea hace más de cincuenta años, nos hicimos del predio por herencia de nuestros padres de un total de 36 hectáreas, así es como vivimos y trabajamos durante todo este tiempo, sembrando nuestra tierra o como obreros en el puerto.
Sin embargo, en 1999, una empresa llamada El Venadito S.A. de C.V. apareció con las escrituras de nuestras tierras a su nombre, reclamando nuestro desalojo inmediato. A partir de ese momento gobiernos y empresarios han usado la represión psicológica y policiaca contra nosotros.
En el 2001, los representantes de la empresa El Venadito S.A. de C.V. solicitaron averiguación previa contra nosotros ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de despojo y orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no reunían los elementos del tipo penal de despojo. Nosotros, los dueños de las tierras que comprende El Ranchito Tres Palmas pasamos a ser invasores de la misma, quiere decir que estamos ocupando un lugar que no es nuestro, y por lo tanto debemos ir a prisión.
En el 2004, no conformes con la negativa de la orden de aprehensión, y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás se cometieron, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma Agencia Segunda. Se nos consignó orden de aprehensión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con registro penal 32/2006.
El 21 de febrero de 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del mismo año, y un día después liberados bajo fianza. No conformes con eso, el 2 de marzo fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno por el entonces gobierno municipal del PAN, del estado PRI, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, la Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de nombre Godofredo Rivera Ayón quien dictó la orden, y desde luego la empresa El Venadito S.A. de C.V.
¿No les parece un acto patriótico?, ¡qué heroísmo destilan a su paso estos hombres de estado, servidores públicos y defensores de la ley!, ¿pero, cuál ley? ¿la que permite el saqueo de este país que durante más de quinientos años su riqueza termina en las manos extranjeras?, ¿la ley que defiende al rico y explota al pobre?, ¿la ley que regulariza la vida de un estado cada vez más descompuesto? Al fin y al cabo fue una ley hecha por ellos y para ellos, en defensa de sus intereses, pero cuidado que no hay estado eterno, ni clase que se sostenga para siempre en el poder.
Antes del desalojo vivíamos un total de sesenta familias. En el transcurso de él llegó funcionario del gobierno del Estado de Sinaloa Joel Hernández Niño con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán para que desistiéramos de la lucha. La represión de las autoridades provocaron que una parte considerable de los habitantes aceptara la oferta de reubicación, lo que dividió al interior y la resistencia contra el despojo se debilitó.
En eso estábamos cuando tuvimos contacto con la otra campaña, no nos prometieron nada, pero nos dijeron que no dejáramos de luchar, nos dimos cuenta que hay muchos Tres Palmas que, como nosotros, son saqueados por el poder, pero también resisten.
En 2008, bajo el gobierno municipal del PRI con Jorge Abel López Sánchez, nos dejaron sin el suministro de agua durante más de cincuenta días. Sin embargo el 10 de abril hicimos una marcha para denunciarlos y exigir la reconexión inmediata del agua.
El 23 de mayo del mismo año, los magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa nos culparon nuevamente del delito de despojo en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días en prisión, además de una multa con la cantidad de $2, 399. 70.
El 28 de mayo de 2008, solicitamos amparo de la justicia federal en el Segundo Tribunal Federal, esta instancia reviso el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer los mismo y el 14 de octubre nos declararon culpables por el mismo delito.
El Subprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado de Sinaloa nos llamó a negociar para darle una solución inmediata al asunto, proponiéndonos un terreno 10 x 20 metros y la cantidad de $70. 000 (setenta mil pesos). Miren: “estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento: las casas en las que viven ahora serán destruidas”.
El 18 de noviembre del 2008, solicitamos de nuevo ante los Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno en el Estado, Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los autos de autoridad.
En el mes de marzo de este 2010 somos presa de una ofensiva más de represión en la cual se encuentran involucrados la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Lic. Inzunza Cázarez, José Manuel Sánchez Osuna, José Antonio García Becerra y Patricia Zepeda Sámano, quienes resolvieron en contra de nosotros, señalándonos como responsables del «delito de despojo», cuestión que es totalmente falsa, ya que nosotros además de habitar estas tierras durante más de cincuenta años somos los legítimos dueños, por lo tanto tenemos el derecho de posesión.
Debido a esta sentencia, recurrimos a solicitar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, radicado en Mazatlán. Lamentablemente encontramos que sus integrantes: Jesús Gabriel Flores González, Gabriel Fernández Martínez, José Alejandro Garza Ruiz y la proyectista Cristina Verónica Cristerna Torres rechazaron nuestra solicitud, dejándonos en el desamparo total de las leyes que nos dice proteger a todos por igual.
Con esta decisión nos quitan los caminos legales para luchar por lo que nos pertenece, estas tierras heredadas por nuestros padres, quien tiene dinero hace las leyes a su favor. Desde que surgió el Derecho en la antigua Roma, como hasta hoy, la leyes obedecen a quienes tienen el poder y el dinero, son las leyes las que regulan las divisiones sociales, las sostienen, le dan fundamento jurídico. Lo que necesitamos es elaborar otra Constitución, una Constitución donde se vean reflejadas los intereses de los más desprotegidos, pero también necesitamos otro Estado, un Estado nuestro que responda a nuestras necesidades.
Esperamos de un momento a otro el desalojo, nos dejan el dolor, el sufrimiento y la destrucción. Sin embargo seguiremos luchando, seguiremos resistiendo como hemos aprendido.
No a la represión.
Alto al desalojo.
Hacemos responsable al gobierno de la represión e integridad física de todos y todas las compañeras del Ranchito Tres Palmas.
Proponemos: Conformar una mesa de diálogo, en la que estemos representadas las partes en conflicto.
Tiempo atrás, viernes también, como si fuese una maldición, nos echaron a la cárcel, tratándonos peor que los animales, como si nuestra pobreza les estorbara o avergonzara para arrojarnos donde nadie nos vea, donde debemos estar según el pensamiento de volver los espacios públicos en privado, o sea en la cárcel.
Nosotros vivimos en el Ranchito Tres Palmas desde 1958, o sea hace más de cincuenta años, nos hicimos del predio por herencia de nuestros padres de un total de 36 hectáreas, así es como vivimos y trabajamos durante todo este tiempo, sembrando nuestra tierra o como obreros en el puerto.
Sin embargo, en 1999, una empresa llamada El Venadito S.A. de C.V. apareció con las escrituras de nuestras tierras a su nombre, reclamando nuestro desalojo inmediato. A partir de ese momento gobiernos y empresarios han usado la represión psicológica y policiaca contra nosotros.
En el 2001, los representantes de la empresa El Venadito S.A. de C.V. solicitaron averiguación previa contra nosotros ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de despojo y orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no reunían los elementos del tipo penal de despojo. Nosotros, los dueños de las tierras que comprende El Ranchito Tres Palmas pasamos a ser invasores de la misma, quiere decir que estamos ocupando un lugar que no es nuestro, y por lo tanto debemos ir a prisión.
En el 2004, no conformes con la negativa de la orden de aprehensión, y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás se cometieron, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma Agencia Segunda. Se nos consignó orden de aprehensión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con registro penal 32/2006.
El 21 de febrero de 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del mismo año, y un día después liberados bajo fianza. No conformes con eso, el 2 de marzo fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno por el entonces gobierno municipal del PAN, del estado PRI, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, la Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de nombre Godofredo Rivera Ayón quien dictó la orden, y desde luego la empresa El Venadito S.A. de C.V.
¿No les parece un acto patriótico?, ¡qué heroísmo destilan a su paso estos hombres de estado, servidores públicos y defensores de la ley!, ¿pero, cuál ley? ¿la que permite el saqueo de este país que durante más de quinientos años su riqueza termina en las manos extranjeras?, ¿la ley que defiende al rico y explota al pobre?, ¿la ley que regulariza la vida de un estado cada vez más descompuesto? Al fin y al cabo fue una ley hecha por ellos y para ellos, en defensa de sus intereses, pero cuidado que no hay estado eterno, ni clase que se sostenga para siempre en el poder.
Antes del desalojo vivíamos un total de sesenta familias. En el transcurso de él llegó funcionario del gobierno del Estado de Sinaloa Joel Hernández Niño con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán para que desistiéramos de la lucha. La represión de las autoridades provocaron que una parte considerable de los habitantes aceptara la oferta de reubicación, lo que dividió al interior y la resistencia contra el despojo se debilitó.
En eso estábamos cuando tuvimos contacto con la otra campaña, no nos prometieron nada, pero nos dijeron que no dejáramos de luchar, nos dimos cuenta que hay muchos Tres Palmas que, como nosotros, son saqueados por el poder, pero también resisten.
En 2008, bajo el gobierno municipal del PRI con Jorge Abel López Sánchez, nos dejaron sin el suministro de agua durante más de cincuenta días. Sin embargo el 10 de abril hicimos una marcha para denunciarlos y exigir la reconexión inmediata del agua.
El 23 de mayo del mismo año, los magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa nos culparon nuevamente del delito de despojo en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días en prisión, además de una multa con la cantidad de $2, 399. 70.
El 28 de mayo de 2008, solicitamos amparo de la justicia federal en el Segundo Tribunal Federal, esta instancia reviso el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer los mismo y el 14 de octubre nos declararon culpables por el mismo delito.
El Subprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado de Sinaloa nos llamó a negociar para darle una solución inmediata al asunto, proponiéndonos un terreno 10 x 20 metros y la cantidad de $70. 000 (setenta mil pesos). Miren: “estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento: las casas en las que viven ahora serán destruidas”.
El 18 de noviembre del 2008, solicitamos de nuevo ante los Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno en el Estado, Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los autos de autoridad.
En el mes de marzo de este 2010 somos presa de una ofensiva más de represión en la cual se encuentran involucrados la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Lic. Inzunza Cázarez, José Manuel Sánchez Osuna, José Antonio García Becerra y Patricia Zepeda Sámano, quienes resolvieron en contra de nosotros, señalándonos como responsables del «delito de despojo», cuestión que es totalmente falsa, ya que nosotros además de habitar estas tierras durante más de cincuenta años somos los legítimos dueños, por lo tanto tenemos el derecho de posesión.
Debido a esta sentencia, recurrimos a solicitar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, radicado en Mazatlán. Lamentablemente encontramos que sus integrantes: Jesús Gabriel Flores González, Gabriel Fernández Martínez, José Alejandro Garza Ruiz y la proyectista Cristina Verónica Cristerna Torres rechazaron nuestra solicitud, dejándonos en el desamparo total de las leyes que nos dice proteger a todos por igual.
Con esta decisión nos quitan los caminos legales para luchar por lo que nos pertenece, estas tierras heredadas por nuestros padres, quien tiene dinero hace las leyes a su favor. Desde que surgió el Derecho en la antigua Roma, como hasta hoy, la leyes obedecen a quienes tienen el poder y el dinero, son las leyes las que regulan las divisiones sociales, las sostienen, le dan fundamento jurídico. Lo que necesitamos es elaborar otra Constitución, una Constitución donde se vean reflejadas los intereses de los más desprotegidos, pero también necesitamos otro Estado, un Estado nuestro que responda a nuestras necesidades.
Esperamos de un momento a otro el desalojo, nos dejan el dolor, el sufrimiento y la destrucción. Sin embargo seguiremos luchando, seguiremos resistiendo como hemos aprendido.
No a la represión.
Alto al desalojo.
Hacemos responsable al gobierno de la represión e integridad física de todos y todas las compañeras del Ranchito Tres Palmas.
Proponemos: Conformar una mesa de diálogo, en la que estemos representadas las partes en conflicto.
Familias del Ranchito Tres Palmas
4/3/10
Carta de la Red Contra la Represión al periódico La Jornada por tergiversar las noticias sobre situación en Chiapas.
A continuación publicamos la carta que la Red contra la Represión y la Solidaridad dirige a la directora de La Jornada como respuesta al encabezado del 2 de febrero de 2010, donde se escribe sobre la situación de Mitzitón. Sin más por el momento, saludos fraternales.
Sra. Directora: Le pedimos espacio para el señalamiento que la Red Contra la Represión y la Solidaridad de La Otra Campaña hace acerca del cabezal que acompaña la foto en primera plana de su edición del martes 2 de marzo.
Repudiamos el maquillaje de acciones represivas contra los pobladores del Ejido de Mitzón, revestida de conflictos interreligiosos en el Estado de Chiapas. Tergiversar la información es parte de la ofensiva contra los pueblos indígenas que luchan por la defensa de la Tierra y el Territorio como es el caso de las 523 familias que habitan el lugar. Contextualizarla es informar sobre el papel que juegan los grupos de corte paramilitar en la región de Los Altos, los cuales siguen teniendo un accionar permanente contra las alternativas políticas y culturales que construyen los pobladores de Mitzon.
"El ejército de Dios" surge en 2006 operando en la zona Altos de Chiapas, "Alas de aguila" es la agrupación evangélica que le permite reclutar gente y ser parte de los "Soldados de Jehova", uno de sus lideres Esdras Alonso fue Coordinador de asuntos religiosos y Secretario de la Presidencia Municipal de San Cristóbal de las Casas y actualmente es el lider de esta agrupación junto con Carmen Díaz, ambos provocaron el asesinato de un ejidatario el 9 de junio de 2009 en manos de Francisco Jiménez el cual fue liberado cuatro meses después. El propósito contrainsurgente sigue siendo el mismo; crear miedo y dividir para dejar "terreno libre" que permita hacer uso del territorio por parte de las corporaciones que invierten en la región para imponer La Autopista San Cristobal-Palenque, parte del proyecto de la Red Internacional de Carreteras Mesoamericanas (RICAM) del Plan Puebla Panama (PPP).
Protejer los planes de inversión del capital nacional e internacional ha sido el fondo del conflicto en Mitzón. La acción del gobierno estatal y municipal ha estado del lado de la banda paramilitar, de lo que hay varios testimonios.
¡Gracias!
Red Contra la Represión y la Solidaridad
La Otra Campaña Va!
Correo electrónico: redcontralarepresión@gmail.com
Blog: http://contralarepresión.wordpress.com
Tels: 5578-0775 y
5578-4711.
Dirección: Dr. Carmona y Valle No. 32, Colonia Doctores, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F., CP 06720
Suscribirse a:
Entradas (Atom)