“Que cuando el corazón se salga del pecho pueda encontrar el camino de regreso” Mario Benedetti
Era viernes 5 de diciembre del 2008 cuando los representantes de la empresa “El Venadito” habían dicho «les damos ocho días para que desalojen el terreno», desde entonces la posibilidad del desalojo ha sido latente. A decir verdad siempre lo ha estado.
Tiempo atrás, viernes también, como si fuese una maldición, nos echaron a la cárcel, tratándonos peor que los animales, como si nuestra pobreza les estorbara o avergonzara para arrojarnos donde nadie nos vea, donde debemos estar según el pensamiento de volver los espacios públicos en privado, o sea en la cárcel.
Nosotros vivimos en el Ranchito Tres Palmas desde 1958, o sea hace más de cincuenta años, nos hicimos del predio por herencia de nuestros padres de un total de 36 hectáreas, así es como vivimos y trabajamos durante todo este tiempo, sembrando nuestra tierra o como obreros en el puerto.
Sin embargo, en 1999, una empresa llamada El Venadito S.A. de C.V. apareció con las escrituras de nuestras tierras a su nombre, reclamando nuestro desalojo inmediato. A partir de ese momento gobiernos y empresarios han usado la represión psicológica y policiaca contra nosotros.
En el 2001, los representantes de la empresa El Venadito S.A. de C.V. solicitaron averiguación previa contra nosotros ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de despojo y orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no reunían los elementos del tipo penal de despojo. Nosotros, los dueños de las tierras que comprende El Ranchito Tres Palmas pasamos a ser invasores de la misma, quiere decir que estamos ocupando un lugar que no es nuestro, y por lo tanto debemos ir a prisión.
En el 2004, no conformes con la negativa de la orden de aprehensión, y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás se cometieron, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma Agencia Segunda. Se nos consignó orden de aprehensión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con registro penal 32/2006.
El 21 de febrero de 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del mismo año, y un día después liberados bajo fianza. No conformes con eso, el 2 de marzo fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno por el entonces gobierno municipal del PAN, del estado PRI, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, la Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de nombre Godofredo Rivera Ayón quien dictó la orden, y desde luego la empresa El Venadito S.A. de C.V.
¿No les parece un acto patriótico?, ¡qué heroísmo destilan a su paso estos hombres de estado, servidores públicos y defensores de la ley!, ¿pero, cuál ley? ¿la que permite el saqueo de este país que durante más de quinientos años su riqueza termina en las manos extranjeras?, ¿la ley que defiende al rico y explota al pobre?, ¿la ley que regulariza la vida de un estado cada vez más descompuesto? Al fin y al cabo fue una ley hecha por ellos y para ellos, en defensa de sus intereses, pero cuidado que no hay estado eterno, ni clase que se sostenga para siempre en el poder.
Antes del desalojo vivíamos un total de sesenta familias. En el transcurso de él llegó funcionario del gobierno del Estado de Sinaloa Joel Hernández Niño con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán para que desistiéramos de la lucha. La represión de las autoridades provocaron que una parte considerable de los habitantes aceptara la oferta de reubicación, lo que dividió al interior y la resistencia contra el despojo se debilitó.
En eso estábamos cuando tuvimos contacto con la otra campaña, no nos prometieron nada, pero nos dijeron que no dejáramos de luchar, nos dimos cuenta que hay muchos Tres Palmas que, como nosotros, son saqueados por el poder, pero también resisten.
En 2008, bajo el gobierno municipal del PRI con Jorge Abel López Sánchez, nos dejaron sin el suministro de agua durante más de cincuenta días. Sin embargo el 10 de abril hicimos una marcha para denunciarlos y exigir la reconexión inmediata del agua.
El 23 de mayo del mismo año, los magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa nos culparon nuevamente del delito de despojo en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días en prisión, además de una multa con la cantidad de $2, 399. 70.
El 28 de mayo de 2008, solicitamos amparo de la justicia federal en el Segundo Tribunal Federal, esta instancia reviso el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer los mismo y el 14 de octubre nos declararon culpables por el mismo delito.
El Subprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado de Sinaloa nos llamó a negociar para darle una solución inmediata al asunto, proponiéndonos un terreno 10 x 20 metros y la cantidad de $70. 000 (setenta mil pesos). Miren: “estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento: las casas en las que viven ahora serán destruidas”.
El 18 de noviembre del 2008, solicitamos de nuevo ante los Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno en el Estado, Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los autos de autoridad.
En el mes de marzo de este 2010 somos presa de una ofensiva más de represión en la cual se encuentran involucrados la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Lic. Inzunza Cázarez, José Manuel Sánchez Osuna, José Antonio García Becerra y Patricia Zepeda Sámano, quienes resolvieron en contra de nosotros, señalándonos como responsables del «delito de despojo», cuestión que es totalmente falsa, ya que nosotros además de habitar estas tierras durante más de cincuenta años somos los legítimos dueños, por lo tanto tenemos el derecho de posesión.
Debido a esta sentencia, recurrimos a solicitar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, radicado en Mazatlán. Lamentablemente encontramos que sus integrantes: Jesús Gabriel Flores González, Gabriel Fernández Martínez, José Alejandro Garza Ruiz y la proyectista Cristina Verónica Cristerna Torres rechazaron nuestra solicitud, dejándonos en el desamparo total de las leyes que nos dice proteger a todos por igual.
Con esta decisión nos quitan los caminos legales para luchar por lo que nos pertenece, estas tierras heredadas por nuestros padres, quien tiene dinero hace las leyes a su favor. Desde que surgió el Derecho en la antigua Roma, como hasta hoy, la leyes obedecen a quienes tienen el poder y el dinero, son las leyes las que regulan las divisiones sociales, las sostienen, le dan fundamento jurídico. Lo que necesitamos es elaborar otra Constitución, una Constitución donde se vean reflejadas los intereses de los más desprotegidos, pero también necesitamos otro Estado, un Estado nuestro que responda a nuestras necesidades.
Esperamos de un momento a otro el desalojo, nos dejan el dolor, el sufrimiento y la destrucción. Sin embargo seguiremos luchando, seguiremos resistiendo como hemos aprendido.
No a la represión.
Alto al desalojo.
Hacemos responsable al gobierno de la represión e integridad física de todos y todas las compañeras del Ranchito Tres Palmas.
Proponemos: Conformar una mesa de diálogo, en la que estemos representadas las partes en conflicto.
Tiempo atrás, viernes también, como si fuese una maldición, nos echaron a la cárcel, tratándonos peor que los animales, como si nuestra pobreza les estorbara o avergonzara para arrojarnos donde nadie nos vea, donde debemos estar según el pensamiento de volver los espacios públicos en privado, o sea en la cárcel.
Nosotros vivimos en el Ranchito Tres Palmas desde 1958, o sea hace más de cincuenta años, nos hicimos del predio por herencia de nuestros padres de un total de 36 hectáreas, así es como vivimos y trabajamos durante todo este tiempo, sembrando nuestra tierra o como obreros en el puerto.
Sin embargo, en 1999, una empresa llamada El Venadito S.A. de C.V. apareció con las escrituras de nuestras tierras a su nombre, reclamando nuestro desalojo inmediato. A partir de ese momento gobiernos y empresarios han usado la represión psicológica y policiaca contra nosotros.
En el 2001, los representantes de la empresa El Venadito S.A. de C.V. solicitaron averiguación previa contra nosotros ante la Agencia Segunda del Ministerio Público del Fuero Común por el delito de despojo y orden de aprehensión al Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Penal, misma que fue negada al Ministerio Público porque no reunían los elementos del tipo penal de despojo. Nosotros, los dueños de las tierras que comprende El Ranchito Tres Palmas pasamos a ser invasores de la misma, quiere decir que estamos ocupando un lugar que no es nuestro, y por lo tanto debemos ir a prisión.
En el 2004, no conformes con la negativa de la orden de aprehensión, y falseando declaraciones de hechos delictuosos que jamás se cometieron, interpusieron nuevamente la misma acusación ante la misma Agencia Segunda. Se nos consignó orden de aprehensión al Juzgado Primero de Primera Instancia del Ramo Penal, con registro penal 32/2006.
El 21 de febrero de 2006 se ejerció acción penal y fuimos encarcelados el 7 de marzo del mismo año, y un día después liberados bajo fianza. No conformes con eso, el 2 de marzo fuimos reprimidos y desalojados de nuestro terreno por el entonces gobierno municipal del PAN, del estado PRI, la Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial, la Policía Municipal de Mazatlán y el Poder Judicial representado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal de nombre Godofredo Rivera Ayón quien dictó la orden, y desde luego la empresa El Venadito S.A. de C.V.
¿No les parece un acto patriótico?, ¡qué heroísmo destilan a su paso estos hombres de estado, servidores públicos y defensores de la ley!, ¿pero, cuál ley? ¿la que permite el saqueo de este país que durante más de quinientos años su riqueza termina en las manos extranjeras?, ¿la ley que defiende al rico y explota al pobre?, ¿la ley que regulariza la vida de un estado cada vez más descompuesto? Al fin y al cabo fue una ley hecha por ellos y para ellos, en defensa de sus intereses, pero cuidado que no hay estado eterno, ni clase que se sostenga para siempre en el poder.
Antes del desalojo vivíamos un total de sesenta familias. En el transcurso de él llegó funcionario del gobierno del Estado de Sinaloa Joel Hernández Niño con la promesa de otorgarnos terrenos para construir casas en las zonas más apartadas de Mazatlán para que desistiéramos de la lucha. La represión de las autoridades provocaron que una parte considerable de los habitantes aceptara la oferta de reubicación, lo que dividió al interior y la resistencia contra el despojo se debilitó.
En eso estábamos cuando tuvimos contacto con la otra campaña, no nos prometieron nada, pero nos dijeron que no dejáramos de luchar, nos dimos cuenta que hay muchos Tres Palmas que, como nosotros, son saqueados por el poder, pero también resisten.
En 2008, bajo el gobierno municipal del PRI con Jorge Abel López Sánchez, nos dejaron sin el suministro de agua durante más de cincuenta días. Sin embargo el 10 de abril hicimos una marcha para denunciarlos y exigir la reconexión inmediata del agua.
El 23 de mayo del mismo año, los magistrados de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa nos culparon nuevamente del delito de despojo en perjuicio de la empresa El Venadito, imponiéndonos una pena de 1 año, 6 meses y 27 días en prisión, además de una multa con la cantidad de $2, 399. 70.
El 28 de mayo de 2008, solicitamos amparo de la justicia federal en el Segundo Tribunal Federal, esta instancia reviso el caso e hizo recomendaciones a la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, pero los magistrados de esta instancia volvieron a hacer los mismo y el 14 de octubre nos declararon culpables por el mismo delito.
El Subprocurador de Justicia en la Zona Sur del Estado de Sinaloa nos llamó a negociar para darle una solución inmediata al asunto, proponiéndonos un terreno 10 x 20 metros y la cantidad de $70. 000 (setenta mil pesos). Miren: “estos terrenos van a adquirir mucha plusvalía, porque nosotros queremos construir un fraccionamiento en donde ustedes viven. Entonces, los terrenos que les ofrecemos estarán ubicados atrás del fraccionamiento: las casas en las que viven ahora serán destruidas”.
El 18 de noviembre del 2008, solicitamos de nuevo ante los Magistrados del Tribunal Colegiado del Décimo Circuito en turno en el Estado, Amparo y Protección de la Justicia Federal en contra de los autos de autoridad.
En el mes de marzo de este 2010 somos presa de una ofensiva más de represión en la cual se encuentran involucrados la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sinaloa, Lic. Inzunza Cázarez, José Manuel Sánchez Osuna, José Antonio García Becerra y Patricia Zepeda Sámano, quienes resolvieron en contra de nosotros, señalándonos como responsables del «delito de despojo», cuestión que es totalmente falsa, ya que nosotros además de habitar estas tierras durante más de cincuenta años somos los legítimos dueños, por lo tanto tenemos el derecho de posesión.
Debido a esta sentencia, recurrimos a solicitar el amparo del Segundo Tribunal Colegiado del Decimo Segundo Circuito del Poder Judicial Federal, radicado en Mazatlán. Lamentablemente encontramos que sus integrantes: Jesús Gabriel Flores González, Gabriel Fernández Martínez, José Alejandro Garza Ruiz y la proyectista Cristina Verónica Cristerna Torres rechazaron nuestra solicitud, dejándonos en el desamparo total de las leyes que nos dice proteger a todos por igual.
Con esta decisión nos quitan los caminos legales para luchar por lo que nos pertenece, estas tierras heredadas por nuestros padres, quien tiene dinero hace las leyes a su favor. Desde que surgió el Derecho en la antigua Roma, como hasta hoy, la leyes obedecen a quienes tienen el poder y el dinero, son las leyes las que regulan las divisiones sociales, las sostienen, le dan fundamento jurídico. Lo que necesitamos es elaborar otra Constitución, una Constitución donde se vean reflejadas los intereses de los más desprotegidos, pero también necesitamos otro Estado, un Estado nuestro que responda a nuestras necesidades.
Esperamos de un momento a otro el desalojo, nos dejan el dolor, el sufrimiento y la destrucción. Sin embargo seguiremos luchando, seguiremos resistiendo como hemos aprendido.
No a la represión.
Alto al desalojo.
Hacemos responsable al gobierno de la represión e integridad física de todos y todas las compañeras del Ranchito Tres Palmas.
Proponemos: Conformar una mesa de diálogo, en la que estemos representadas las partes en conflicto.
Familias del Ranchito Tres Palmas
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