Mazatlán-Z

Nuevamente, en torno a la autonomía

Gilberto López y Rivas*

La autonomía, esto es, regirse uno mismo por sus leyes, es definida como la capacidad de individuos, gobiernos, nacionalidades, pueblos y otras entidades y sujetos de asumir sus intereses y acciones mediante normativas y poderes propios, opuestos en consecuencia a toda dependencia o subordinación heterónoma.
En América Latina, a partir de la imposición de las políticas de trasnacionalización neoliberal y coincidiendo con un resurgimiento de las luchas de los pueblos indígenas por reafirmar sus seculares formas de autogobierno, las autonomías se tornan en procesos de resistencia a esta globalización capitalista, por medio de la defensa, fortalecimiento, recuperación y resignificación de sus identidades étnicas, culturas, instituciones, saberes, sentido de pertenencia, patrimonios, tierras y territorios, todo ello basado en la profundización, restablecimiento, recuperación o readaptación de formas de propiedad comunal, predominio de las decisiones de asamblea, cargos y ta-reas de gobierno como servicio; trabajo colectivo gratuito, solidaridad, ayuda mutua y comunalidad como base de la relación social; festividad también como cohesión sociocultural, concepción del territorio como relación sustentable con la naturaleza y reproducción material y cosmogónica de los pueblos.
Por ello se ha insistido en que la autonomía: a) constituye algo más que el autogobierno tradicional indígena, b) se expresa más allá de una descentralización de competencias, recursos y jurisdicción de los Estados, c) trasciende los marcos de los procesos nacionalitarios hegemonizados por las clases dominantes, d) no significa arreglos jurídico-administrativos que puedan ser establecidos por decreto o a través de reconocimientos formales de orden constitucional, e) se pone en práctica –en la mayoría de los casos– por la vía de los hechos, o más allá de la institucionalidad establecida, f) representa un fenómeno holístico en el que las dimensiones de economía, cultura, ideología y política tienden a integrarse y determinarse mutua y recíprocamente en lo que se denomina la integralidad del sujeto autonómico.
Las autonomías, en consecuencia, expresan un replanteamiento alternativo a las formas nacionales impuestas desde arriba por los grupos oligárquicos que se fundamentaron en el integracionismo –asimilacionismo, o en el diferencialismo– segregacionismo que constituyeron políticas igualmente provocadoras de etnocidios y negación de derechos ciudadanos y colectivos de pueblos y comunidades indígenas. Así, las autonomías son procesos de democratización, articulación nacional y convivencia política –desde abajo– entre agrupamientos heterogéneos en su composición étnico-lingüístico-cultural.
Estos procesos no son lineales ni armoniosos y, por lo tanto, se expresan en sus contradicciones, desequilibrios, avances y retrocesos de muy diversas formas, extensiones y profundidades, provocando cambios en la naturaleza misma de las etnias. Se trata de una reconstitución de pueblos e implica la construcción de un sujeto autonómico que modifica relaciones entre géneros, grupos de edad e instituciones colectivas, las cuales sufren asimismo los impactos de la migración, la explotación laboral, el narcotráfico, los racismos y el grave deterioro en las condiciones de vida de las clases trabajadoras de nuestros países.
Por su naturaleza antisistémica y por la presencia indígena en territorios codiciados por el capital y las características de su actual mundialización, estos procesos de autonomía se enfrentan indirecta o directamente al Estado, sus instituciones y fuerzas represivas, sus estrategias contrainsurgentes; a las estructuras políticas, ideológicas, militares y de inteligencia del imperialismo; a sus corporaciones económicas que buscan abrir los territorios, ocuparlos, apropiarse de sus recursos culturales, naturales y estratégicos; a denominaciones religiosas, partidos y mecanismos políticos encaminados a penetrar, mediatizar y destruir los autogobiernos y formas colectivas de decisión y organización. De ahí su precariedad y su constante batallar por sobrevivir y de-sarrollarse, por extender sus niveles de articulación intracomunitaria, municipal, regional y nacional, así como ampliar los ámbitos de resistencia, solidaridad y coordinación internacionales.
A partir de las experiencias autonómicas de los pueblos indios, recientemente Pablo González Casanova en un importante documento, presentado con motivo del aniversario 25 de La Jornada, ha reiterado la extensión del concepto de autonomía a otros sectores explotados y desposeídos de la sociedad como una forma de respuesta a la ocupación capitalista de nuestros países. De igual manera, el grupo Paz con Democracia en su Llamamiento a la nación destacó: Es necesaria e impostergable la organización de comunidades autónomas en todo el país; comunidades cuyos miembros se autoidentifiquen y se autogobiernen democráticamente para la producción-intercambio-defensa de su alimentación, sus artículos de primera necesidad, su educación y concientización, con niños, mujeres, ancianos y hombres para la defensa de la vida, del patrimonio público, de los pueblos y de la nación, para la preservación del medio ambiente y el fortalecimiento de los espacios laicos y de los espacios de diálogo, que unen en medio de diferencias ideológicas y de valores compartidos. (La Jornada, 16/11/07)
Los principios igualitarios, participativos, autogestionarios y colectivistas de las autonomías indígenas se transforman en uno de los pocos planteamientos estratégicos actuales para enfrentar con éxito al capitalismo, preservar la especie humana de su autodestrucción y democratizar nuestras sociedades.
*Colaborador del periódico La Jornada: http://www.jornada.unam.mx/2009/09/18/index.php?section=opinion&article=021a1pol